Jakqueline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que el expediente iniciado por la construcción de un muro de concreto en el acceso principal del albergue para migrantes “La Sagrada Familia”, aún sigue en trámite para investigar hasta dónde consintió la autoridad municipal de Apizaco esa medida tomada por algunos vecinos.

El pasado 5 de este septiembre, colaboradores de esta casa se toparon con una barda que les impidió el paso a las instalaciones, por lo que Elías

Dávila Espinoza, representante legal de esta casa, consideró que este hecho es una expresión de rechazo a las personas migrantes y “un ataque fuerte”, así como una violación al libre tránsito.

Pero Vecinos de la tercera privada Álvaro Obregón de la Colonia Ferrocarrilera de Apizaco decidieron levantar ese muro con tabiques en el mismo sitio donde en el año 2019 habían colocado una malla metálica, para impedir el acceso directo a ese refugio a través de esta calle.

Sin embargo, Jakqueline Ordóñez puntualizó que la CEDH que con ese motivo abrió un expediente, pues “nosotros dimos cuenta de esa situación” a través de publicaciones y se comenzó una investigación directa, en la que corren los plazos y términos para la recepción de informes.

“Porque ciertamente si es un acto que se le atribuye a un particular porque fueron los vecinos del albergue quiénes hicieron ese muro, pero hay que ver hasta dónde consintió la autoridad a esas situaciones; el proceso está en trámite”, subrayó.

Señaló que cuando los vecinos alzaron una barda con malla ciclónica, la CEDH abrió un expediente, pero en aquel momento las partes involucradas llegaron a una conciliación, es decir, vecinos y la representación legal del albergue, para establecer horarios y otras circunstancias “que yo creo a través del tiempo se fue dejando de sus acuerdos y seguramente tiene que ver con lo que se dio últimamente”.

Ordóñez Brasdefer subrayó que de lo que se trata es de que el convenio sea permanente y con la debida intervención de las autoridades competentes, “para que haya un alumbrado público, una vigilancia constante y evitar que los vecinos se sientan inseguros”.

Precisó que la CEDH inició el expediente en contra de las autoridades municipales, por lo que “ahí vamos avanzando en ese tema”, para resolverlo este asunto de acuerdo a la información que se brinden sobre los permisos que se otorgaron y las medidas a tomar.

En su momento, sobre la construcción de este muro defensores de derechos humanos de la población migrante y refugiada expresaron su consternación ante los diversos “actos de hostigamiento y las hostilidades” sufridas por personas que atienden el Albergue “La Sagrada Familia” en Apizaco.

A través de un posicionamiento público, en solidaridad con esta casa para migrantes resaltaron  que tanto las personas beneficiarias como colaboradores, “han tenido que tomar una vía alterna que implica el cruce de las vías del tren y una zona que pone en peligro su seguridad”.

Asimismo, reconocieron  “la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos que el personal del albergue, emanado de la comunidad de Apizaco, le ha dedicado desde 2010” y destacaron que esta labor “ha salvaguardado” a la población más vulnerable, “que en su búsqueda por mejores condiciones de vida cruzan a diario esa región”.

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